El Banco de España podrá decidir si un condenado puede ser banquero

Edificio del Banco de España

Edificio del Banco de España

El ser condenado o imputado por delitos dolosos ya no será motivo suficiente para ser un directivo de banca. El Banco de España podrá decidir si la honorabilidad de estos ejecutivos está intacta, y por tanto, ser perfectos candidatos para gestionar entidades bancarias.

El Gobierno estudia una modificación de ley que aplaque las exigencias de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de la banca, además de legitimar al Banco de España para juzgar si los candidatos cumplen o no con las condiciones.

La honorabilidad para ser banquero se regirá por el siguiente texto legal “quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad”.

En caso de candidatos condenados o imputados se analizará si la condena o sanción es o no firme; la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron la condena. Además, se revisará si el tipo de delito cometido es contra el patrimonio, blanqueo de capitales, Hacienda Pública, Seguridad Social o actividad bancaria.

También será susceptible de juicio la reiteración de condenas o sanciones, el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos y si estos se realizaron en provecho propio o en perjuicio de terceros. Si existieron circunstancias atenuantes, la posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior.

La modificación de ley establecerá que para juzgar al candidato a banquero se tenga en cuenta la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como el administrativo.

Aún queda por ver a quien o quienes beneficiará este cambio de normativa. Pero hecha la ley…

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Los autónomos un colectivo de alto riesgo

Las cifras del paro no dan tregua, esta semana hemos conocido que subió por tercer mes consecutivo y octubre añade 128.242 personas, el 2,7 % más que en septiembre situando la cifra de desempleados en 4.833.521, con una perspectiva nada halagüeña para lo que resta de 2012.

Esta dramática situación está afectando gravemente al colectivo de autónomos que ha descendido por tercer mes consecutivo, descartándose una mejoría a corto y medio plazo, según informa el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor.

El número de emprendedores ha caído en 5.953 personas, lo que supone un 0,2 % menos de afiliados al RETA, y una pérdida de 192 autónomos al día en octubre. El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna,  afirma que el objetivo de crear empleo autónomo en 2012 “se puede dar por perdido”. Los datos de personas que trabajan por cuenta propia se sitúan en niveles de antes de 2007.

Ante la crítica situación económica que atraviesa el país el ser autónomo, en ocasiones por falta de otra opción de empleo, no está resultando nada fácil. Además cuando se tiene que cerrar un negocio o cesar en una actividad, el autónomo se encuentra en una situación de desamparo con escasos derechos a una prestación económica.

Para cobrar el paro por cese de actividad, ley aprobada en 2010, el trabajador por cuenta propia debe demostrar perdidas , haber abonado la cotización voluntaria de un 3,5% más de la cuota base o estar inscrito en el TRADE si es autónomo dependiente es decir que sus ingreso en un 75% o más, dependen de una misma empresa.

Quienes puedan cumplir con los requisitos podrán optar a una paga, según el tiempo de cotización, entre los 426 euros y los 1.065,02 euros durante un periodo máximo de un año, siendo imprescindible haber cotizado durante cuatro a la Seguridad Social.

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Ponerse enfermo saldrá más caro

Ponerse enfermo y ser empleado público será más caro ya que verán recortado su sueldo en un 50% durante los tres primeros días si causan baja laboral.

Los empleados públicos de la Administración del Estado que causen baja por enfermedad solo cobrarán el 50% de su sueldo durante los tres primeros días. Si la enfermedad perdura, a partir del cuarto día hasta el vigésimo, la Seguridad Social aportará un incremento económico que en ningún caso superará el 75 % de la retribución salarial. Solo a partir del vigésimo primer día el funcionario percibirá el 100% de la retribución que viniera percibiendo en el mes anterior de causar la baja.

Con esta medida adoptada por el Gobierno que se refleja en el decreto ley de recortes del 13 de julio y que se concretará de forma inminente, se pretende ahorrar unos 1.000 millones de euros a la vez que penalizar el absentismo laborar de los empleados de la Administración.

Hasta ahora los empleados públicos percibían la totalidad de su salario durante los primeros 90 días de baja, una situación que cambiara de manera radical y que posiblemente reduzca los niveles de absentismo pero sin duda incrementará el gasto en fármacos, especialmente en esta época del año proclive a catarros y a la contagiosa gripe.

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