Hacienda regulará el pago a proveedores de administraciones morosas

Cristóbal Montoro

Cristóbal Montoro

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas regulará la forma de pago a los proveedores de cualquier administración morosa. El Gobierno descontará la deuda a municipios y comunidades de su participación en los ingresos del Estado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que se está trabajando en la creación de un instrumento que “arbitre la forma de pago” de la deuda y al que puedan dirigirse los proveedores. El ministro ha asegurado que empezará a funcionar en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores.

Montoro ha garantizando que se cumplirá “estrictamente” la Ley de Morosidad en todas las administraciones. “Las administraciones españolas no pueden vivir situaciones de morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los autónomos que son los proveedores de las administraciones, al interrumpir la circulación económica en España”, asevera el ministro, tras considerar “incalculable” el daño que hace a la imagen de España cualquier voz que dice que un ayuntamiento o comunidad autónoma le debe dinero.

Esta reforma del Gobierno se sumará a otros instrumentos que ya están en marcha, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es “una continuidad del pago a proveedores” y pretende también facilitar liquidez a las regiones.

Según Montoro, en España hay algunos síntomas positivos que están permitiendo recuperar cierta confianza, como la reducción de la deuda externa y el asentamiento de las bases del crecimiento. “Es la primera vez que cambiamos el signo de la balanza de pagos sin recurrir a una devaluación, es un fenómeno histórico”, ha señalado, tras asegurar que 2013 estará cargado de reformas para avanzar por ese mismo camino.

N/A

Anuncios

Obligación de informar al fisco

Con la entrada en vigor desde hoy miércoles, de la nueva ley antifraude, todos los contribuyentes están obligados a informar sobre cuentas  valores e inmuebles en el extranjero de los cuales sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados.

Esta ley se enmarca dentro de las actuaciones y regulación contra el fraude fiscal que el ejecutivo ha puesto en marcha para desvelar los ingresos procedentes de la economía sumergida e incorporarlos a la economía regular.

Uno de los artículos más mediáticos y conocidos de esta ley es el que limita a 2.500 euros el pago en efectivo de todas las operaciones entre empresarios o profesionales. Esta norma será efectiva dentro de 20 días, un margen de gracia para que los ciudadanos se adapten a la normativa.

Otra novedad de la esta ley es que termina con la tributación por módulos que afecta a profesionales o empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. La medida afecta a profesiones como la albañilería, la fontanería, la carpintería, o el transporte de mercancías por carretera.

Además Hacienda recuerda la obligación de denunciar los hechos motivo de fraude a los funcionarios o autoridades que tengan conocimiento de ello. Y la indulgencia por parte de la Agencia Tributaria convertida en perdón, si la denuncia proviene de una de las partes que haya intervenido en la operación ante de los tres meses siguientes a la fecha de pago.

El incumplimiento por omitir la información de obligado cumplimiento conllevará una sanción con un mínimo de 10.000 euros a la que se sumará 5.000 euros por cada dato que haya sido omitido. También se endurecen las sanciones por resistencia a las inspecciones, desde 1.000 euros  hasta 6000.000 euros pero si se rectifica el beneficio es  de una reducción del 50%, y se potencia el cobro del IVA en las operaciones inmobiliarias.

Todas estas medidas discurren paralelas a la amnistía fiscal que promueve el Gobierno y finaliza el próximo 30 de noviembre.

Hacienda deja en la cuerda floja a los defraudadores fiscales con un “Plan” ambicioso de recaudación .El tiempo nos dirá la efectividad de tales medidas y los beneficiarios de estas.

N/A